Desde 2023, Dirección de Investigaciones investiga una denuncia presentada por la representante legal de la empresa estatal Antel, revelando una maniobra ilícita que resultó en pérdidas significativas para el Estado uruguayo. Se ha determinado que el monto de facturación de los contratos involucrados entre febrero y abril asciende a 196,000 mil dólares.
Participación y Modus Operandi:
La operación delictiva involucraba inicialmente a siete personas, entre ellos un funcionario de Antel, una funcionaria policial de la Jefatura de Rivera, un recluso, y un familiar directo, junto con su pareja, de una integrante del Ministerio Público de la ciudad. Este grupo se dedicaba a la adquisición fraudulenta de teléfonos celulares mediante contratos a nombre de ciudadanos extranjeros, utilizando sus cédulas de identidad sin su consentimiento. Los dispositivos eran luego vendidos de manera particular, generando deudas a personas que jamás recibieron dichos equipos.
En el día de la fecha, se realizaron allanamientos y detenciones en relación a este caso, bajo la supervisión de la fiscal Semi Especializada de 3er Turno de Rivera, Dra. A. Domínguez.
