Varias organizaciones sociales firmaron un comunicado en rechazo de la aprobación ambiental que brindó el Poder Ejecutivo.
Este lunes, varias organizaciones sociales difundieron un comunicado, a través de la Federación de Funcionarios de OSE, en relación con la autorización ambiental del Poder Ejecutivo al Proyecto Neptuno.
El documento comienza expresando: «Como organizaciones que defendemos el derecho humano al acceso al agua potable, consideramos que el proyecto Neptuno-Arazatí
Según las organizaciones, el proyecto «transgrede» las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho al agua y prohíbe la privatización de los servicios de agua potable, así como la mercantilización.
Aseguran que, de llevarse a cabo, el proyecto «reduciría la calidad del agua que OSE distribuye a la población, debido a la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, lo que pondría en riesgo la salud.
En cuanto a la inversión económica, el comunicado señala que esta situación «limitaría a OSE, que no podrá llevar a cabo a cabo nuevas obras en los próximos 20 años».
Asimismo, subraya que el proyecto implicaría un incremento y aumento en las tarifas de OSE.
Por otro lado, se critica que “con el proyecto Neptuno-Arazatí el control de la prestación del servicio de agua potable queda en manos de los privados”.
“Las condiciones del contrato están desbalanceadas a favor del privado y deja al Estado como garante para afrontar todos los riesgos y sobrecostos del Proyecto”, dice el escrito.
“En síntesis, de implementarse el proyecto Neptuno-Arazatí, toda la población pagará más caro por agua de peor calidad”, concluye.
Carlos Larrosa, presidente de Ffose, dijo en conferencia de prensa, consignada por MVD Noticias que el proyecto “ha fracasado socialmente, porque todas las organizaciones sociales, sindicales y ambientales han estado en contra”.
El sindicalista criticó su “inconveniencia” y los “impactos ambientales y sociales”.
“En una OSE que está fundida, admitido por las propias autoridades del organismo, se pretende hacer un gasto de 57 millones de dólares anuales para alquilar esta infraestructura a un privado. El modelo de negocios es pésimo para el Estado y para nuestro país”, dijo Larrosa.
